Subsidios al cine: el insólito costo de films que muy pocos ven

Desde 2008 se entregaron $ 641 millones, pero denuncian que se desviaron más de 1000 millones. El Incaa, es un organismo que funciona como una gran familia.

Miserias. Así se llama una película que pasó casi inadvertida para el gran público como para los críticos de cine argentinos. Se estrenó en 2009 y entre ese año y 2011 sumó subsidios estatales por 667.387 pesos. En total, según estadísticas de Ultracine, una consultora de referencia en el sector, fueron a verla a la única sala en la que se estrenó 13 personas. Sí, trece.

Aunque es uno de los casos más extremos, Miserias no es el único en su especie. De las 764 películas subsidiadas entre enero de 2008 y octubre de 2014, 309 fueron vistas por menos de 10.000 y costaron en conjunto $ 211 millones, un tercio de los $ 641 millones invertidos en subsidios (que podrían ser más porque no hay datos sobre la cantidad de espectadores que vieron 282 películas). Llevaron menos de 5000 personas 253 películas y, de ellas, 83 no alcanzaron las 1000.

Pero además, en medio de la ya vieja discusión sobre la eficiencia económica y cultural de estos subsidios, un grupo de realizadores denunció al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) por el presunto desvío de $ 1035 millones que, según ellos, debieron invertirse en la producción cinematográfica.

La contracara más evidente de esta realidad es Relatos salvajes, de Damián Szifron, que hasta octubre pasado había sido vista por 3.309.174 espectadores, con una recaudación por taquilla doméstica de $ 147,2 millones y un subsidio de sólo $ 3,2 millones. O Metegol, de Juan José Campanella, que fue vista por 2,7 millones de personas, recaudó $ 104 millones y tuvo un subsidio de $ 2,7 millones. Así, estas películas aportan más de lo que reciben porque el 10% de las recaudaciones es una de las principales fuentes que alimentan el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), de donde salen las ayudas (que no se nutren del presupuesto nacional).

El cine que no miramos es caro y entender los criterios de distribución no es sencillo. Desde 2008, el Incaa publica en su web las cifras de los subsidios pagados, lo hace en formato PDF y sin distinguir con claridad subsidios (dinero que sale del ente) y compensaciones (dinero que los productores reintegran al Incaa para pagar créditos, otro mecanismo de financiamiento). A LA NACION le llevó un año y muchas consultas con el organismo poder sistematizar una base de datos de ese reparto con información oficial.

Pero mientras en algunos ámbitos se discute sobre la eficiencia económica y cultural de la inversión pública en producción cinematográfica, en la propia comunidad del cine estalló una fuerte puja judicial por el destino de los fondos: la Asociación de Productores y Realizadores Independientes (APRI), presidida por Luis Barone y representada por el polémico abogado Oscar Marcos Azar, denunció a la ex presidenta del Incaa y actual diputada nacional kirchnerista Liliana Mazure por el presunto desvío de $ 1035 millones del FFC (creado por la ley 17.741 de cine) a gastos corrientes del ente.

La denuncia -presentada en el fuero contencioso administrativo- es casi un libro: tiene 102 páginas.Y la defensa de Mazure, otras 40. Allí, la funcionaria -que fue sucedida en el Incaa por Lucrecia Cardoso, hija de Oscar Raúl Cardoso, histórico columnista internacional del diario Clarín, ya fallecido- reconoce que con esos fondos no se hicieron películas, sino que se usaron para la creación del canal estatal Incaa TV, los planes de fomento de contenidos para la TV digital (TDA), Internet y videojuegos y la homologación del convenio colectivo de trabajo que «normalizó» la situación de cientos de contratados. Según la denuncia, en 2002 los gastos de funcionamiento del Incaa ascendían a $ 6,8 millones y este año llegarán a $ 400 millones, es decir, 58 veces más, mientras que los subsidios a la producción en 2002 eran de $ 13,7 millones y este año llegarán a $ 155,4 millones, sólo once veces más. Mazure también argumenta que el decreto reglamentario de la ley de medios obliga a invertir el 25% de lo recaudado por la Afsca en producción de contenidos para TV, algo que no está previsto en la más antigua ley del cine, que rige para el FFC.

 

 

 

La pelea de Barone y Mazure es además un cisma en la cooperativa de trabajo Kaos, integrada por ambos y de la cual la ex jefa del Incaa fue presidenta. A ese grupo (que entre 2008 y 2014 sumó casi $ 5,6 millones) se lo conoce en el ámbito del cine como «los exiliados» (lo fueron en México durante la última dictadura). Cómo operan las cooperativas en el ámbito del cine (algo cuestionado por los poderosos sindicatos de esta industria) es otro tema cargado de polémica.

«Mazure publicó en la página web lo que los productores recibimos como subsidio para ocultar con ese aparente velo de transparencia el hecho de que no se está destinando al cine todo lo que la ley exige», dijo a LA NACION uno de los más importantes productores nacionales, que, como la mayoría de las fuentes consultadas para esta nota, pidió no ser identificado. Según la ley, al menos el 51% del FFC debe destinarse a la realización de films. En la denuncia se sostiene que en el peor momento sólo el 25% de esos fondos fueron a películas. «Más allá de las críticas que cada uno haga a las diferentes gestiones al frente del Incaa, esto de que no se apliquen al cine sus propios fondos no ocurrió nunca antes», dice Barone en la invitación a sus colegas productores a adherir a la demanda.

Un director, que pidió no ser identificado, destacó a LA NACION que para tener un panorama completo habría que cruzar los subsidios con los costos de producción, datos que el Incaa tiene, pero que no difunde. «Por ahí el subsidio es de 3 millones, pero el costo es $ 10 millones. El subsidio del Incaa se va en actores, técnicos, cargas sociales, y en la mayoría de las películas industriales no representa más del 50% del costo; el resto del dinero proviene de coproducciones o es inversión privada», explicó el cineasta. Un productor no relacionado con aquel director expresó el mismo reclamo, al que agregó el componente de la inflación.

El análisis de lo que las películas reciben como subsidio y el público que convocan a las salas no puede ser lineal porque deben considerarse otros elementos. Por ejemplo, así como Miserias se estrenó sólo en una sala, Relatos salvajes (que en el exterior ya llevaría recaudados unos 5 millones de euros), lo hizo en 288 (récord para una película argentina). Para Julio Ludueña, vocero de Directores Argentinos de Cine (DAC), «ninguna estadística puede explicar el arte que constituye la esencia de una obra audiovisual. El Ciudadano, de Orson Welles, fue un absoluto fracaso comercial en 1941 cuando se estrenó y hoy está entre las cien mejores películas de la historia. El cine no es un arte descartable y como la literatura, la pintura o la música siempre es un testimonio y un documento de la vida humana». Con fuertes críticas, DAC había propuesto en febrero pasado una profunda reforma del sistema de fomento, pero según dijo Ludueña a LA NACION «ya pasaron varios meses, nuestra actividad es muy dinámica y el contenido de esa propuesta fue superado».

Entre 2008 y lo que va de 2014, sólo seis películas sobrepasaron los $ 4 millones en subsidios: La máquina de hacer estrellas (de 2014, 20.137 espectadores), Dos más dos (2013, 998.451 espectadores) y Vino para robar (2013, 169.474) llegaron a $ 5,5 millones; Elefante Blanco (de 2013, 756.774 espectadores) recibió $ 5,4 millones; La pelea de mi vida (2012, 74.584 espectadores), $ 5,2 millones, y Todos tenemos un plan (2011, 130.698 espectadores), $ 4,2 millones. Entre $ 3,5 millones y $ 3,9 millones recibieron El misterio de la felicidad, Extraños en la noche, Tesis sobre un homicidio (la única de este grupo que superó el millón de espectadores), Las viudas de los jueves, Papá por un día, Séptimo, Igualita a mí, Gaturro, Los Marziano y Néstor Kirchner, la película (110.699 espectadores). En la edición online de esta nota puede accederse a los números de los más de 760 films relevados. Según la legislación vigente, los subsidios tienen topes máximos que se fijan por decreto presidencial: desde junio pasado esos topes oscilan entre $ 643.050 y $ 6.875.000 según la «vía de exhibición», el tipo de contenido (animación, ficción o documental) y el grado «de interés» (simple o especial, según dictaminen los jurados creados para tal fin) que el film tenga para los jurados que evalúan los proyectos Incaa.

En el sector cultural hay consenso: si no existiese el Incaa no habría cine argentino y el país no estaría entre los mayores productores de films, con entre 80 y 150 estrenos por año (según cifras de DAC). Pero la distribución de los subsidios es prácticamente un tema tabú del que se evita hablar con la sola justificación de que se trata de una política cultural y pasando por alto denuncias de todo tipo, administrativas y judiciales.

Ante la consulta de LA NACION, el Incaa respondió por escrito que hay «que comparar las cifras con las de otros países». Así, con datos de 2013, el ente destacó que en España se estrenaron 104 películas locales, de las cuales 62 tuvieron menos de 10.000 espectadores; en Brasil, se hicieron 112, y 70 no superaron los 3000, y en México, sobre un total de 108, sólo 21 alcanzaron los 30.000 espectadores y unas 53 estuvieron por debajo de los 5000.

«Cuando un artista trabaja para el Estado sin rendición de cuentas por los resultados se clausura a la sociedad, deja de dialogar con ella porque su sustento no depende de la popularidad, sino del beneplácito del poder. Se invirtió la ecuación que decía que la alta cultura era para pocos a suponer que no tener público convierte a alguien en un gran artista», analizó Adriana Amado, doctora en ciencias sociales y presidenta del Centro para la Información Ciudadana.

El FFC, creado por la ley del cine, es administrado por el Incaa y se nutre de un impuesto a los tickets y a la venta o alquiler de videos (algo que no se aplica a plataformas con abono como Netflix, que no está constituida como empresa en la Argentina), de un porcentaje de los gravámenes que pagan los canales de TV abierta, multas, donaciones y los reembolsos de los créditos.

Fuente La Nación

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