Un juzgado español se declaró competente para asumir la demanda de Repsol contra YPF

La petrolera española denuncia también a la argentina Bridas, controlada por la familia Bulgheroni, y la estadounidense Chevron.

 

Un juzgado español se declaró competente para asumir la demanda de la petrolera Repsol contra la argentina YPF por competencia desleal, según informaron este jueves medios españoles.

El juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid inició por eso ya los trámites para unificar ese procedimiento a los ya comenzados por las demandas de la petrolera española contra la argentina Bridas, controlada por la familia Bulgheroni, y la estadounidense Chevron.

El juzgado madrileño admitió a trámite en octubre de 2012 la demanda de la compañía presidida por Antonio Brufau en la que esta acusaba a YFP de competencia desleal por haber ofrecido los derechos de explotación del yacimiento de Vaca Muerta a terceros.

Repsol demandó luego a la petroleras Bridas y Chevron, después de que ambas dieran pasos de cara a una alianza con YPF para explotar el yacimiento, descubierto en Argentina antes de la nacionalización de la que fue filial de la compañía española.

El juzgado madrileño desestimó ahora la petición declinatoria de YPF en la que argumentaba que ese tribunal no era competente para asumir el caso porque no tenía jurisdicción.

El hallazgo del yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina, fue dado a conocer en 2011. Se estima que las reservas de crudo podrían llegar allí a los 22.500 millones de barriles.

En abril de 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció la expropiación a Repsol del 51 por ciento de su participación en YPF. Brufau atribuyó ya entonces la intervención al hallazgo de Vaca Muerta.

La petrolera española considera que los acuerdos sobre el gran yacimiento se firmaron con representantes ilegítimos de YPF y suponen un intento de apropiación ilícita de activos de un tercero.

Repsol ha interpuesto ante varios organismos internacionales denuncias contra la expropiación de su participación en YPF, por la que reclama una indemnización de 10.500 millones de dólares.

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