Suarez al no recibir al Presidente perdió una oportunidad que no se da todos los días, reclamar públicamente, algo realizado administrativamente, que la Nación libere los 1.023 millones de dólares para hacer otras obras y no solo represas hidroeléctricas.
El presidente laudó contra los intereses de Mendoza respecto a Portezuelo del Viento, pues hizo caso al pedido de las otras provincias para exigir un nuevo estudio de impacto ambiental. Pero no respondió el otro pedido del gobernador Suarez que, en el fondo, tiene más trascendencia que la propia obra anulada. En el pedido de arbitraje Suarez había solicitado que, en caso de no tener un fallo contrario, habilite a la provincia a usar los fondos de manera más discrecional y así poder invertirlos en obras diversas. “Solicitamos en ambas hipótesis autorice a la provincia de Mendoza la construcción de obras de generación de energía así como las que permitan ampliar la capacidad productiva, optimizando el uso del agua u otras obras que persigan la misma finalidad, ello sin perjuicio de hacer reserva de avanzar en la concreción de otras obras hídricas”, decía el pedido. En la respuesta oficial, no se hizo mención a ese reclamo.
El convenio firmado entre Mauricio Macri y Alfredo Cornejo, que obligó a la Nación a pagar 1.023 millones de dólares, restringe el uso de esos fondos a Portezuelo del Viento u otra obra hídrica de generación de energía. La intención de Suarez era que se destrabe esa cláusula a través de una addenda y se puedan hacer otros emprendimientos. La visita del presidente era un momento oportuno para hacer referencia a ese pedido que ahora quedó en abstracto y, si se quiere, incomodar a Fernández.
La omisión de Alberto Fernández no es casual. En el PJ, particularmente en el kirchnerismo, siempre se opusieron y buscaron bloquear la liberación de esos fondos para que el gobernador los use a discreción. «No le vamos a permitir que financien la campaña con esos fondos. Si lo hacemos, van a llenar la provincia de ciclovías y placitas», decía una líder del peronismo. «Si dejamos que usen los dólares para cualquier cosa, no ganamos más una elección», se sinceraba un dirigente el año pasado. Esos supuestos apuntaban a que la discrecionalidad del manejo de los recursos tendría efectos políticos.
Con Portezuelo anulado, el destino de los fondos y la posibilidad del uso discrecional es el eje del futuro inmediato de Mendoza. Suarez busca realizar la represa El Baqueano, en el río Diamante. Esa obra aún está puesta en duda, aunque en el Gobierno dicen que la licitarán en los próximos meses. Aún con ese proyecto en marcha, restarán cerca de 600 millones de dólares «a invertir».
En el radicalismo estiman que haya un cambio político y que asuma un presidente representante de Juntos por el Cambio en diciembre. Si eso ocurre, ven terreno fértil para que el pedido de Mendoza para el uso discrecional de los fondos se habilite. «Se pueden hacer obras para todo el sector productivo. Obras hídricas, caminos, obras para el turismo», se ilusiona un radical. Otros, le ven un destino distinto por las carencias que tiene Mendoza. «Yo invertiría todo en educación, para hacer las mejores escuelas e infraestructura para una revolución educativa», se ilusiona un precandidato a gobernador.
Ya hay ahorrados más de 500 millones de dólares y el 2023 es el año de mayores desembolsos en el plan de compensación que se acordó para resarcir a la Provincia. En el ambiente político el destino de esos recursos inquieta. Hay quienes piensan que debería haber un «plan acordado» para evitar lo que ocurrió con otras indemnizaciones que recibió la Provincia (como las regalías mal liquidadas) y que fueron desaprovechadas. En el radicalismo se niegan a abrir esa puerta y lo dejan en manos del Ejecutivo.
Fuente MDZ
