Más allá de la legitimidad y la legalidad de la entrega de territorios a comunidades de pueblos indígenas en Mendoza, está claro que el gobernador siente que estos grupos que ellos llaman «minorías ruidosas» constituyen una sería amenaza a los intereses corporativistas del estado provincial.
En términos territoriales y hasta geopolíticos, la entrega de 21000 hectáreas en el territorio provincial no suponen amenaza alguna al destino económico y social de los mendocinos, pero constituye una grave amenaza al estilo de vida de la clase dirigente, que ve con muy buenos ojos la entrega de tierras estratégicas a grupos empresarios pero se siente amenazada ante pequeños grupos que viven en comunidades y que reclaman sus derechos desde hace muchos años.
Es la misma casta que aprueba el salvataje a la empresa de Pescarmona pero no hace nada ante la desaparición de las pequeñas y medianas empresas. Es la misma élite que desafía las leyes para promover actividades extractivas, en desmedro de los ecosistemas y sus funciones vitales, y tienen el cinismo de acusar a los defensores de la tierra como eco terroristas. Cómo hace más de 100 años, la clase política y la élite económica se ponen de acuerdo a espaldas del resto de la gente.
Por Eduardo Sosa
