Desde hace tres años, los inquilinos sufren las consecuencia de la polémica Ley de Alquileres sancionada en 2020 y el arco político nada hace para solucionarle los problemas a un amplio sector de la Argentina que está desprotegida.
La norma generó temor en los propietarios que sacaron su unidades de oferta con la consiguiente suba de precios. A esto se suma el golpe por la mayor inflación. Agosto comienza peor
Mientras todos los ojos del equipo económico están puestos en el acuerdo con el FMI y cómo llegar a las PASO con el dólar lo más tranquilo posible, la situación de los inquilinos sigue en un segundo plano y comienzan agosto con una mala noticia.
Hace tres semanas fracasó en el Congreso el intento de modificar la polémica ley de Alquileres. Ante esto, un grupo de entidades empresarias vinculadas al sector inmobiliario enviaron a la Cámara de Diputados una carta en la que reclamaron la modificación de dos artículos de la norma que provocó el derrumbe del mercado de locación.
Desde su sanción, a mediados del 2020, las unidades disponibles en alquiler cayeron al nivel más bajo histórico, lo que generó un serio perjuicio para los inquilinos por la imposibilidad de acceder a una vivienda y por el fuerte aumento de los precios.
La nota fue dirigida a la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y está firmada por la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV), la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).
“Nos dirigimos a cada miembro de ese cuerpo legislativo, poniendo en consideración la petición de considerar como urgente y necesario modificar dos artículos de la Ley 27.551, denominada ‘Ley de Alquileres’, que entendemos traerán en el corto plazo un alivio para el sector locativo habitacional, generando un incremento paulatino de la oferta de vivienda y la baja de los valores”, dice la carta.
Uno de los punto que reclaman es la “reducción como mínimo a cuatro meses el período de actualización de los cánones locativos”. La norma vigente permite sólo una actualización anual de los precios.
“En los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual pueden realizarse ajustes como mínimo cuatrimestrales. En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario”, aclaran.
En otro punto que solicitan modificar es la reducción a dos años del plazo legal mínimo de un nuevo contrato de locación. En la actualidad, el plazo establecido es de tres años.
“Ha quedado demostrado que la actualización anual del canon locativo para la vivienda en un período muy extenso en un contexto inflacionario desequilibrado, que ha generado una gran presión en el valor locativo inicial, una aceleración en los precios, retracción de la oferta y una suba de precio muy abrupta al momento de aplicar el índice de actualización contemplado en la ley, llegando hoy a más de 100%, generando insatisfacción y perjuicio patrimonial para ambas partes contratantes y llevando al límite de la imposibilidad de su cumplimiento”, puntualizan.
Pese a este pedido sectorial, los legisladores no dieron respuesta, más preocupados por estos días por el proceso electoral. Sin embargo, el problema para los inquilinos no se detiene. Actualmente, la oferta de unidades para la locación está en el nivel más bajo histórico, con el perjuicio que significa para muchas personas que buscan alquilar una vivienda y las pocas que hay se manejan con precios siderales.
La situación se agrava porque la inflación no se detiene y quienes deben renovar los contratos enfrentan ajustes cada vez mayores. Según informó la Cámara Inmobiliaria Argentina, el índice para Contratos de Locación (ICL) para agosto es del 109,36% para los acuerdos firmados hace un año. Este porcentaje es superior al 104% que se registró en julio y marca un nuevo récord.
Pese al pedido de las cámaras sectoriales y a las quejas de los inquilinos, las posibilidades de modificar la ley para que mejore la oferta y bajen los precios antes del cambio de gobierno son escasas, por lo que se debería esperar hasta el 2024 para un cambio que favorezca a quienes necesitan alquilar.
