El profesional del derecho no podrá trabajar como abogado. El sujeto arreglaba subastas con empleados judiciales. Sánchez tenía como cómplices a Mario Condorí y Carlos Bernadeau.
Matías Sánchez, había sido condenado a dos años y ocho meses de prisión en suspenso. Ahora, el Colegio de Abogados decidió su exclusión.
Un abogado que arreglaba subastas para ser el mejor postor fue excluido definitivamente por el Colegio de Abogados de Mendoza tras una investigación que comenzó hace 11 años y terminó con el letrado condenado por la Justicia.
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Se trata de Matías Sánchez, quien ya no podrá ejercer la abogacía tras ser excluido por el tribunal de Ética del Colegio de Abogados mendocino.
Sánchez era investigado desde 2012 por formar parte de una banda que direccionaba subastas a su favor. Por el hecho, fue condenado en 2020 a dos años y ocho meses de prisión en suspenso y en ese momento a siete años de inhabilitación para ejercer el derecho.
Ahora fue el Colegio de Abogados quien se pronunció y decidió excluirlo definitivamente.
Sánchez junto a otros dos empleados judiciales – Mario Condorí y Carlos Bernadeau- realizaban desde 2009 el tramposo negocio en el cual, con información reservada lograban que el abogado realizara las mejores ofertas en las subastas y así quedarse con bienes.
El ardid salió a la luz cuando un empleado del Cuarto Juzgado Civil de San Rafael notó que los sobres que contenían las ofertas de las subastas eran manipulados.
Tras indagar sobre lo que sucedía se constató que Bernadeau y Condorí eran quienes revisaban las ofertas, que debían ser secretas, y le pasaban la información a Sánchez para que realizara una oferta superadora a las ya presentadas.
Con la cifra ya pautada, el abogado ofertaba con cifras con la que no podían competir, por lo que los bienes quedaban a su poder. Se trataba de subastas de autos y hasta de inmuebles.
Las sospechas tomaron fuerza cuando se determinó que las cifras eran siempre las mismas para ofertar y que el abogado solo se presentaba en subastas del mismo juzgado, es decir, donde trabajaban sus cómplices judiciales.
En 2020 cuando la Justicia imputó a los tres sospechosos, todos admitieron los hechos y fueron sometidos a un juicio abreviado. El trío fue hallado culpable de cohecho en tres casos y 14 hechos en los que usaron información secreta de las subastas. Los empleados judiciales recibieron una condena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública.
En tanto, en el caso de Sánchez, tras cumplir con la condena judicial y a pesar de seguir inhabilitado por la Justicia, el Colegio de Abogados decidió su expulsión, lo que le impedirá ejercer su profesión.
