Mientras siguen las negociaciones por la deuda, algunos mendocinos presienten que perderán millones de dólares que son de todos.
Un informe de auditoría, de origen privado y reservado, advierte que los mendocinos en su conjunto podríamos llegar a transferirle a la empresa Edemsa (grupo Vila-Manzano), la mayor distribuidora eléctrica de la provincia, una suma no inferior a 250.000 millones de pesos o su equivalente en dólares, de alrededor de 1.400 millones, al tipo de cambio oficial, como fruto del convenio transaccional que el Gobierno firmó con la compañía en el arranque mismo del año, el 3 de enero.
Una historia –llamativamente tardía, hay que decir–, derivada de los alcances del decreto 70/2023 por el que se homologó oficialmente el acuerdo y la presentación, y rápido retiro –tal como develó este diario el domingo–, que se hiciera de una demanda en la Corte pidiendo la inconstitucionalidad del acuerdo, dan cuerpo a una serie de actos no aclarados y poco transparentes en la relación del Ejecutivo con la compañía. Son actos que el Gobierno promete comenzar a aclarar a partir de este martes, en el arranque de la audiencia pública eléctrica donde los empresarios pedirán entre 19 y 20 por ciento de incremento en el servicio, además de estar incorporado en el orden del día el análisis de este acuerdo que, a medida que va trascendiendo, más sospechas va alimentando.
Es que se cree que las negociaciones que se llevaron adelante durante la segunda mitad del año pasado resultaron exageradamente beneficiosas para la distribuidora en detrimento del Estado, por la transferencia de recursos que se les habría reconocido y garantizado vía la actualización tarifaria. Dicho de otro modo: con un aumento tarifario a punto de caer, los usuarios de la compañía deberán afrontar los mayores ingresos de los empresarios con un golpe indirecto en el resto de los mendocinos, los que no son servidos por Edemsa, porque se acordó que los dividendos que le corresponden al Estado por ser el propietario de 39 por ciento de la empresa en acciones clase B y C serían cedidos a Edemsa de ahora en más con el compromiso de ser invertidos en obras eléctricas. Una suerte de donación de los mendocinos, de recursos que podrían ser invertidos en destinos sociales e imprescindibles, como educación, salud, planes de viviendas y otras obras de infraestructura necesarias.
Como pocas veces hasta ahora, una audiencia pública tarifaria concitará tanta atención por las derivaciones y repercusiones del convenio transaccional que se ha firmado sin la intervención pública, como una audiencia previa o con la participación de la Legislatura. Desde el Gobierno dicen estar preparados para explicar las acciones del Ejecutivo, las que, según la Gobernación, se hicieron bajo el cumplimiento de las facultades otorgadas por ley. Se verá, como corresponde, cuáles son en verdad las respuestas, en particular por los aspectos medulares del acuerdo que algunos estudios y análisis han comenzado a analizar en detalle.
El informe al que accedió este diario da cuenta de que, para cerrar los litigios cruzados entre la empresa y el Gobierno desde la última revisión del convenio, se habría permitido que la compañía maximizara los ingresos no percibidos durante los años en los que la tarifa se atrasó porque no se aprobaron aumentos, específicamente, en las gestiones peronistas de Celso Jaque y Francisco Pérez. Por este punto, la empresa reclamó 146.000 millones de pesos (815 millones de dólares) y el Gobierno habría decidido no revisar tal cuenta.
La auditoría advierte que esos ingresos no percibidos por Edemsa no debiesen superar los 63.000 millones (350 millones de dólares). Además, se pregunta por qué razón el Ejecutivo permitió que el estudio de Edemsa fuera realizado por la Facultad de Ingeniería de la UBA y no por la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo; o al menos por ambas y no por una sola, sin comparación y sin objeción alguna. Uno de los puntos del cálculo que no fue impugnado por el Gobierno es que no se le descontó a la firma reclamada por la empresa el pago del 10 por ciento de canon que debería haberle abonado al Estado en caso de recibir la suma por ingresos no percibidos.
Otro aspecto discutido por la auditoría bajo reserva es el valor que el Estado le ha dado a los 20 años de concesión que le prorrogan a la empresa. Se cree que se tomaron números no actualizados, los del valor agregado de distribución (VAD). El valor que se le otorgó a la prórroga ha sido de 64.000 millones de pesos (358 millones de dólares), pero con un VAD de enero del 2021. Actualizado a diciembre del 2022, aquel monto tendría un atraso de 92 por ciento, con lo que el valor que correspondería sería de 124.000 millones de pesos (690 millones de dólares) y no aquellos 64.000 millones.
Además, la compañía se estaría beneficiando con 1.800 millones de pesos (10 millones de dólares) por año debido a la reducción del canon de 10 a 6 por ciento que se les permitirá.
La deuda con Cammesa, que es el mayorista que le vende la electricidad a Edemsa, también fue puesta bajo discusión. Y se llegó a la conclusión de que los 17.000 millones de pesos que tiene que pagar Edemsa a su proveedor serán abonados por los clientes con un aumento tarifario: son 95 millones de dólares que la compañía, según el convenio, una vez que los cobre de la tarifa aumentada deberá destinarlos a obras, que no siempre han sido debidamente controladas y fiscalizadas por el Estado.
En el convenio tampoco se habrían incluido las 5 facturas que Cammesa le bonificó a Edemsa y que tendrían que haber estado reflejadas en un documento que se firmó precisamente para dejar en claro los reclamos de las partes, ingresos y egresos y un largo etcétera. Son 12.000 millones de pesos (67 millones de dólares) que en el cruce final de las cuentas no están representados.
Más de la concesión: por este acuerdo, el Estado renuncia a cobrar el 20 por ciento del valor de la concesión que se prorroga. Se trata de unos 24.000 millones de pesos (138 millones de dólares) que no serán pagados por los privados.
También, el Estado ha renunciado a retirar los dividendos que le corresponde por ser el dueño de 39 por ciento de la concesión. Serían, probablemente, unos 45.000 millones de pesos, o 250 millones de dólares, que el Estado asegura que no los retirará para que sean usados en obras eléctricas que tiene que hacer la compañía. Pero, a la vez, por el mismo acuerdo, se le permite al privado retirar los dividendos que le corresponde en cualquier momento sin que se le haga una auditoría a las cuentas de la compañía y ninguna evaluación sobre el servicio y la calidad prestada.
Las dudas y preguntas sobre el controversial pacto se han ido incrementando en las últimas horas y es probable que este martes comiencen a ganar trascendencia, durante la audiencia pública. Para quienes analizan al detalle el acuerdo, sostienen que no sólo podría ser inconstitucional, sino que, además, antes de la firma, se debió llamar a la intervención de los usuarios y la Legislatura y, antes de la prórroga concedida, se debió llamar a la licitación, aunque el actual concesionario y controlante de Edemsa hubiese confirmado su participación en ese concurso.
Fuente Diario El Sol
