Miqueas Burgoa, el concejal radical que dio positivo en un control de alcoholemia en General Alvear el pasado 10 de mayo, fue sancionado por la Justicia Contravencional. Tras reconocer su responsabilidad en el hecho, el edil recibió una multa de casi $2 millones y la inhabilitación para conducir por tres meses.

El caso del concejal generó un escándalo político que sacudió al radicalismo de Guaymallén. Incluso el intendente Marcos Calvente y el gobernador Alfredo Cornejo llegaron a pedirle a Burgoa que renunciara, aunque el edil se resistió a abandonar su banca.

Este jueves volvió a discutirse el tema en el Concejo Deliberante, luego de que la semana pasada la oposición presentara un proyecto de resolución para destituir al concejal de su cargo. El expediente fue girado a comisiones y por el momento el oficialismo no ha decido avanzar con su tratamiento, pese a que algunos integrantes del bloque oficialista de Cambia Mendoza consideran que Burgoa debería abandonar su banca.

El concejal radical presentó esta mañana en mesa de entradas la sentencia por contravención que aplicó el Juez de Paz de Bowen y dio detalles de la sanción durante la sesión, en la que reiteró que se trató de un hecho de índole privada y que no piensa en renunciar.

“Es difícil ver que en circunstancias como estas existan oportunistas y un aprovechamiento político respecto a lo sucedido en Alvear”, expresó el concejal que procedió a leer la sentencia en su contra.

Señaló que “ahí consta la única infracción cometida de la que me hice cargo, que es la alcoholemia positiva. Acá solo hay una sola infracción, la contravención. No hay semáforos en rojos, no hay boliche, no hay agresión, no hay resistencia a la autoridad, bajo ningún punto de vista chapeo”.

“La sentencia esclarece todos los hechos y no los rumores. Se explica que el test de alcoholemia arroja un resultado de 1,20 y me hago cargo de la contravención, consta en el expediente. Y se me aplica una sanción de 4500 unidades fijas (UF), por un total de 1.890.000 pesos. E inhabilitación para conducir como lo ordena el Artículo 67 bis del Código Contravencional de Mendoza”, expresó Burgoa.

La inhabilitación para conducir que dispuso el juez es por 90 días y además el concejal deberá hacer un curso de conciencia al volante.

“En la misma no van a encontrar ningún otro tipo de infracción. El resto es rumor y mentira. Me puse a disposición del proceso y un tratamiento ordinario sin privilegios”, resaltó el dirigente radical.

Concluyó su intervención rechazando las críticas opositoras que recibió desde la semana pasada y volvió a cuestionar el aprovechamiento político del caso. “En ningún momento fui yo quien quiso profundizar el tema haciendo de este concejo un circo político. Por eso mantuve tanto silencio, esperé los procedimientos que correspondían y punto”, disparó.