Hay que tener en cuenta que por medio de la sanción de la Ley N° 26.377 del año 2008 comenzaron a implementarse los Convenios de Corresponsabilidad Gremial (CCG) en la República Argentina para facilitar el cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social en el ámbito rural.

En nuestra Provincia el CCG Vitivinícola se firmó por primera vez en diciembre de 2011 (implementado durante la cosecha 2012), homologado por Resolución Nº 6/2012 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Los firmantes del CCG por parte de las entidades representativas de los productores vitivinícolas de Mendoza son los siguientes: Asociación de Bodegueros y Viñateros de Mendoza, Bodegas de Argentina, Unión Vitivinícola Argentina, Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Asociación de Cooperativas Vitivinícolas y Cámara de Comercio de San Rafael. A su vez, en representación de los trabajadores del sector, la entidad firmante es la FOEVA.

El objeto del Convenio es adecuar los procedimientos de recaudación y pago de los diferentes subsistemas de seguridad social para los trabajadores que realizan la cosecha de uva con destino a vino y mosto, por medio de la implementación de una tarifa sustitutiva que reemplaza y difiere el pago mensual de los aportes y las contribuciones desde el período de cosecha (febrero, marzo y abril) hacia los meses que transcurren entre agosto y diciembre de cada año.

“Teniendo en cuenta las variables antes indicadas, y la situación de vulnerabilidad por la que atraviesa el sector agrícola ganadero de la provincia en general y los productores vitivinícolas en particular, y los efectos nocivos tanto sociales como económicos que implica el abandono de las fincas, resulta imperioso tomar medidas de manera urgente tales como la exención de la tarifa sustitutiva a los propietarios de hasta 30 hectáreas o con una producción anual de hasta 3.000 quintales. Dicha medida se fundamenta en la nula rentabilidad de dichas explotaciones, dado el bajo precio de la uva, el descenso del consumo y el desequilibrio en la cadena de producción tantas veces denunciado por mi parte”, remarcó Lizana.

Para la legisladora, se debe tener en cuenta que los productores vitivinícolas, cuya economía es apenas de subsistencia, soportan una excesiva presión impositiva, siendo el sector uno de los pocos que se encuentra totalmente fiscalizado y por ende que cumple íntegramente con sus obligaciones fiscales.

“En el mismo orden de ideas, a más de 20 años de la vigencia del CCG en el sector vitivinícola, resulta necesario y apremiante la realización de una reevaluación técnico financiera de los sujetos obligados y de los resultados obtenidos en dicho periodo en términos de beneficios para los y las trabajadores/as. A partir de datos reales relativos a la rentabilidad de la actividad para todos los actores, los costos laborales y fiscales será posible establecer umbrales mínimos de viabilidad económica para el efectivo cumplimiento de los CCG”, indicó la autora de la propuesta.

Finalmente, Lizana enfatizó: “A dichos fines resulta necesario e imprescindible el trabajo conjunto de los sectores involucrados con el acompañamiento de los entes públicos nacionales y del Estado Provincial. En especial, tratándose de normativa nacional es fundamental contar con el compromiso de los legisladores nacionales por la Provincia de Mendoza en el estudio y formulación de propuestas tendientes a reequilibrar la ecuación económica de los pequeños y medianos productores sin desfinanciar el sistema”.