En el Congreso nacional ingresó un proyecto de ley para redefinir el funcionamiento del mercado inmobiliario argentino, en línea con el análisis que impulsa el Gobierno desde febrero y que apunta a modificar la forma de trabajo en un sector en plena recuperación (tanto en CABA como en provincia de Buenos Aires en mayo último hubo récord de escrituras luego de 7 y 11 años, respectivamente, con más de 17.000 operaciones). El diputado del PRO Alejandro Bongiovanni presentó la denominada Ley de Libertad Inmobiliaria, cuyo objetivo consiste en eliminar la obligatoriedad de contar con matrícula profesional y título universitario para ejercer como corredor inmobiliario en todo el país.

El texto propone reformas a la Ley N°20.266, sancionada en 1973. Incluye la supresión de la colegiación obligatoria, la eliminación de límites jurisdiccionales para operar, la derogación de sanciones por ejercer sin matrícula y la libertad para acordar honorarios sin aranceles mínimos. La iniciativa pretende abrir el mercado a nuevos agentes, ampliar la competencia y reducir costos para consumidores. Añgo que muchos aguardaban.

El texto propone reformas a la Ley N°20.266, sancionada en 1973. Incluye la supresión de la colegiación obligatoria, la eliminación de límites jurisdiccionales para operar, la derogación de sanciones por ejercer sin matrícula y la libertad para acordar honorarios sin aranceles mínimos. La iniciativa pretende abrir el mercado a nuevos agentes, ampliar la competencia y reducir costos para consumidores.

Eliminación de la matrícula obligatoria y el título universitario. Elimina la exigencia de inscripción en colegios profesionales, considerando que impone una barrera que limita la competencia y restringe la libertad comercial.

Competencia entre certificaciones privadas. Los colegios profesionales perderían la facultad exclusiva de habilitar corredores, habilitando la competencia de certificaciones voluntarias que compitan en calidad y prestigio.

Libre ejercicio en todo el país. Deroga las restricciones geográficas que obligan a trabajar en una jurisdicción específica, permitiendo actuar en todo el territorio nacional y adaptarse a nuevas dinámicas digitales.

Derogación de sanciones por ejercicio sin matrícula. Suprime multas y clausuras a quienes operen sin colegiarse, trasladando los conflictos a la justicia ordinaria y dejando al mercado la regulación de la calidad del servicio.

Fin de los aranceles mínimos y honorarios fijos. Elimina la fijación de precios mínimos por parte de los colegios para permitir la libre negociación entre las partes.

Argumentos a favor de la desregulación

Desde el sector que respalda la propuesta se cuestiona la actual estructura de los colegios profesionales. Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), explicó que el sistema vigente establece barreras artificiales que restringen la competencia y encarecen los servicios para el consumidor.

Críticas desde los colegios profesionales y cámaras
El proyecto generó un rechazo contundente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y de los colegios profesionales que agrupan a corredores y martilleros en todo el país.

Nancy Vieitez, presidenta de la CIA, sostuvo que el sistema actual no obliga a ningún ciudadano a contratar a un corredor para comprar o vender una propiedad. Recordó que la compra venta entre particulares es legal, válida y frecuente, pero la ley regula el derecho a cobrar honorarios profesionales, exigiendo un mínimo de idoneidad para proteger al consumidor.

Vieitez advirtió que la eliminación de la matrícula equivaldría a permitir que cualquier persona se arrogue funciones profesionales sin control ni formación. Señaló que esto abriría la puerta a fraudes, incumplimientos y negligencia, deteriorando la calidad del servicio y generando mayor litigiosidad.

Luis Colao, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, reforzó esta postura. Citó fallos de la Corte Suprema que definen la actividad como profesional, personal e indelegable (sobre todo contra Re/Max y la guerra entre colegios y esta franquicia). Aseguró que la matrícula no constituye un privilegio corporativo, sino un instrumento de control público que garantiza la transparencia y la protección del cliente, la parte más débil del contrato.

Colao explicó que la colegiación nació en Francia para proteger a la sociedad, no para beneficiar a los profesionales. Sostuvo que la obligación de matricularse asegura un estándar mínimo de formación y responsabilidad, permitiendo identificar a los habilitados y aplicar sanciones en caso de faltas éticas o legales.

En cuanto al costo de la matrícula, negó que existan cifras exorbitantes en todos los distritos. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, detalló que la matrícula anual equivale a $620.000, incluye el aporte jubilatorio, con una caja previsional superavitaria y más de 2.500 jubilados que cobran $575.000 mensuales.

Debate sobre la seguridad jurídica
El intercambio de argumentos también abordó el rol del corredor en la seguridad de las operaciones. Colao planteó que la intervención profesional eleva el estándar de calidad y seguridad para el cliente. Consideró que eliminar la exigencia de matrícula dejaría a los consumidores sin una referencia confiable, y facilitaría la proliferación de operadores sin formación ni responsabilidad.

Desde la otra posición, García Malbrán replicó que la seguridad jurídica en la transmisión de dominio la garantiza el escribano público. Amoreo Casotti coincidió, y cuestionó la idea de que la matrícula sea necesaria para evitar fraudes, señaló que la confianza y la reputación se construyen en el mercado.

Los críticos de la colegiación obligatoria denunciaron además requisitos excesivos para obtener la matrícula. García Malbrán mencionó el caso de San Isidro, donde se exige la certificación de dos martilleros con más de diez años de antigüedad incluso para profesionales con título universitario.

Propuestas alternativas
En respuesta a las críticas, la Cámara Inmobiliaria Argentina elaboró una serie de propuestas para modernizar el sector sin eliminar los controles. Entre ellas se destaca la creación de un Registro Nacional de libre jurisdicción, que permitiría a los corredores operar en todo el país y mantener estándares de calidad.

También propuso la implementación de un sistema MLS nacional (Multiple Listing Service, Sistema de Listados Múltiples en español) para garantizar transparencia y colaboración entre empresas del sector, la legalización de la figura del auxiliar inmobiliario que actúe bajo supervisión y la posibilidad de inscribirse como monotributistas para reducir la informalidad.

Un debate en el Congreso
El proyecto de Bongiovanni ya ingresó al debate legislativo en Diputados. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo mantiene en análisis la posibilidad de avanzar en paralelo con un decreto de desregulación. Ambos procesos se desarrollan en un contexto de tensiones entre la intención de simplificar regulaciones y la preocupación por mantener estándares mínimos de control y protección para los consumidores.

El tema divide a cámaras, colegios y empresarios del sector, y se anticipa un debate intenso en el Congreso, donde se espera que expongan distintos actores para discutir los alcances de la iniciativa y su posible impacto en el mercado inmobiliario argentino.

Fuente Iprofesional